El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador emitió en marzo una circular en la que aclara explícitamente que el país no ha incorporado el enfoque simplificado de Precios de Transferencia (PTR) propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido como “Pilar Uno – Importe B”. Este mecanismo, diseñado para simplificar la aplicación del Principio de Plena Competencia en actividades básicas de comercialización y distribución, fue publicado por la OCDE en febrero de 2024 como opción de adopción voluntaria para las jurisdicciones.

Con la actualización de los umbrales aplicables al Régimen de Información de Operaciones Internacionales y Precios de Transferencia (PTR), el Formulario F.2668 adquiere una relevancia renovada para los contribuyentes alcanzados. En particular, el cuestionario incluido en el Formulario F.2668 (la Declaración Jurada anual que presentan los contribuyentes alcanzados por el régimen) fue ampliado y reorientado hacia una lógica de gestión de riesgos fiscales, por lo que puede operar, en la práctica, como una herramienta de perfilamiento de riesgo para ARCA.

El escenario cambió, y eso ya se empieza a notar en la práctica. Con la actualización del régimen sancionatorio aplicable a partir de 2026, las multas por incumplimientos formales en materia de Operaciones Internacionales pasaron a tener un peso mucho más relevante. Y esto no alcanza sólo a grandes Grupos Multinacionales: también puede impactar en compañías importadoras o exportadoras, incluso cuando operan con partes independientes.

La Dirección General de Tributación ha publicado oficialmente la Resolución MH-DGT-RES-0026-2025, que establece las disposiciones generales para la presentación de la Declaración Informativa en materia de Precios de Transferencia (DI PTR). Esta normativa tiene como objetivo fortalecer el control tributario sobre las operaciones entre partes vinculadas, asegurando que se valoren conforme al Principio de Libre Competencia.